Un juez en Países Bajos pidió al principal productor legal de cannabis del país reducir el impacto de los olores que afectan a las áreas residenciales cercanas. La decisión sigue a más de 2.100 quejas y advierte que si no hay mejoras, la empresa deberá detener la producción o enfrentarse a sanciones económicas, lo que algunos expertos consideran un riesgo para el piloto de regulación del cannabis.
Desde abril, Países Bajos está implementando un circuito cerrado para la producción y venta de cannabis en coffeeshops de diez municipios. La wietproef, como se llama el piloto, tiene como objetivo evaluar si una cadena regulada puede reducir la criminalidad, mejorar la calidad y aumentar el control sanitario. CanAdelaar, el mayor de los diez productores autorizados, opera en un invernadero del tamaño de siete campos de fútbol, anteriormente destinado al cultivo de tomate.
La resolución judicial considera "muy grave" la situación por olores y apoya el derecho municipal a establecer límites de emisión, con una semana para que la empresa implemente medidas adicionales o, de lo contrario, detenga la producción temporalmente. El expediente municipal menciona multas de hasta 3,5 millones de euros por incumplimientos reiterados. La compañía asegura estar ampliando la filtración de aire y confía en cumplir con las exigencias técnicas en el breve plazo establecido.
Según la autoridad ambiental regional (DCMR), las molestias aumentan cuando los invernaderos son ventilados y el olor del cannabis se dispersa. Desde 2023, se han registrado más de 2.100 reportes desde 300 direcciones distintas. Es relevante recordar que la exposición a olores fuertes puede causar síntomas como mareos o cefaleas, pero nadie "se coloca" solo por el olor en el ambiente.
La decisión judicial se produce en un momento delicado para la wietproef. La investigadora Nicole Maalsté advierte que solo siete de los productores designados han comenzado la producción sostenida, y una paralización de CanAdelaar podría afectar el suministro a unos 80 coffeeshops, potencialmente forzando a algunos de ellos a recurrir a proveedores no regulados. El Ministerio de Salud y el de Justicia, sin embargo, afirman que la capacidad instalada actual, junto con una lista de espera de productores, sería suficiente para cubrir la demanda si fuera necesario detener a un actor.
Este caso resalta un desafío estructural: cómo las regulaciones deben considerar los impactos ambientales y vecinales del cultivo de cannabis a escala industrial. Tecnologías de contención de olores, calendarios de ventilación ajustados y transparencia con la comunidad pueden marcar la diferencia entre un piloto exitoso y un retorno a la economía sumergida. En Países Bajos, el debate no gira en torno a regular o no el cultivo de cannabis, sino en cómo hacerlo sin ignorar a los vecinos de los invernaderos.
Si la wietproef intenta cerrar las puertas al mercado ilegal de cannabis, también deberá resolver el conflicto vecinal. La viabilidad de una cadena regulada no solo depende de licencias y controles, sino de garantizar la convivencia ambiental; esto es esencial para que el experimento avance sin empujar a los coffeeshops de vuelta al mercado negro.
Fuente: canamo.net