La decisión de última hora de la Unión Europea (UE) para mantener en vigor el acuerdo comercial con Marruecos ha generado un amplio rechazo entre las organizaciones agrarias españolas, que califican la medida como "un parche" e incluso "peligrosa" para el sector.
El Consejo de la UE aprobó esta alternativa apenas unos días antes de que expirara el plazo fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que había anulado hace un año los acuerdos agrícolas y pesqueros con Marruecos al considerar que vulneraban los intereses del pueblo saharaui. Aunque el pacto pesquero ya estaba suspendido, el agrícola contaba con una prórroga de 12 meses que vencía el 4 de octubre.
La nueva fórmula, de carácter provisional y pendiente aún de revisión por el Parlamento Europeo, extiende las preferencias arancelarias del acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental, sustituyendo así el pacto anulado por el TJUE. Los productos procedentes de ese territorio deberán indicar su origen, aunque los certificados de conformidad seguirán siendo emitidos por las autoridades de Rabat, según denuncia la organización europea Copa-Cogeca, que representa a las cooperativas y organizaciones agrarias comunitarias.
El sector agrario español considera que esta medida perpetúa la competencia desleal que llevan años denunciando, especialmente en el caso del tomate, cuya producción en España —sobre todo en el sureste peninsular y Canarias— coincide en el calendario con la de Marruecos.
"Esto no nos ayuda en nada", declaró a Efeagro el presidente del comité del tomate de Fepex, Juan Jesús Lara, quien recordó que la sentencia del TJUE había reconocido las reclamaciones del sector. Lara, también director general de la cooperativa almeriense CASI, explicó que la mitad de los tomates que entran en la UE como marroquíes proceden en realidad del Sáhara Occidental.
El representante de Fepex advirtió además que los precios de entrada de los productos marroquíes están desactualizados —fijados en 0,461 euros/kilo para el tomate— y deberían revisarse hasta 0,9 euros/kilo para reflejar la inflación y evitar que "todo entre" sin control.
El acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, vigente desde 1996, supuso la liberalización de los intercambios agrícolas. El pacto de 2019 permite importar 285.000 toneladas de tomate marroquí sin aranceles, además de abrir contingentes para fresas, clementinas y otras frutas y hortalizas. A cambio, Rabat amplió sus importaciones de cereales y transformados, beneficiando principalmente a países del centro y norte de Europa.
Organizaciones como COAG han denunciado en reiteradas ocasiones irregularidades y una posible evasión fiscal millonaria derivada del actual sistema de precios de entrada.
Según Lara, mientras la producción española de tomate ha caído un 50% en la última década, la marroquí se ha duplicado, lo que agrava el desequilibrio competitivo. Por ello, el sector reclama un nuevo marco comercial con "precios reales, controles efectivos" y una igualdad de condiciones laborales y fitosanitarias entre los productos comunitarios y los procedentes de Marruecos.
Estas reivindicaciones, que antes defendían en solitario los productores españoles, cuentan ahora con el respaldo de organizaciones de Países Bajos, Portugal y Francia, igualmente preocupadas por el impacto del acuerdo en sus agricultores.
Fuente: efeagro.com