Durante 2025, la industria mexicana del tomate ha enfrentado un escenario complicado tras la salida de Estados Unidos del acuerdo que regulaba el mercado. Desde abril, las exportaciones de tomate han mostrado un descenso, alcanzando 1,782 millones de dólares entre enero y agosto, un 19.7% menos respecto al mismo periodo del año anterior.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anticipó una disminución del 5% para el año, pero los indicadores superan ampliamente las previsiones. México destina el 99.8% de su producción a Estados Unidos, encabezado por Sinaloa, que aporta el 41.7% del total, seguido por Jalisco y Sonora, cada uno con 11.7%, según datos de la Secretaría de Economía.
Sinaloa en el centro del impacto
Sinaloa es el principal productor y depende del cultivo del tomate como base económica. Este producto constituye casi la mitad de las exportaciones agrícolas del estado, generando unos 3,000 millones de dólares anualmente hacia Estados Unidos. La Asociación de Agricultores del Río Culiacán ha advertido que los aranceles ponen en riesgo esta fuente de ingresos, previendo que varios productores cambien de cultivo en el ciclo 2025-2026. El sector tomatero sinaloense emplea a más de 72,000 personas, y más de 700 productores exportan a Estados Unidos, afectando también el empleo y economía local.
La medida estadounidense surge en un entorno de tensiones: Washington señaló prácticas desleales de precio, mientras que México y sus productores denunciaron presiones políticas de las asociaciones agrícolas de Florida, opuestas al tomate mexicano. Ante la expiración del acuerdo el 14 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó su compromiso de apoyar al sector nacional e iniciar conversaciones con Estados Unidos. En respuesta, el gobierno estableció precios mínimos de exportación el 8 de agosto, revisables anualmente, para estabilizar el mercado. Estos se fijaron por kilo: cherry a 1.70 dólares; bola a 0.95; con tallo a 1.65; en racimo a 1.70; Roma a 0.88; grape a 1.70 y otras variedades a 1.70 dólares.
Las secretarías de Economía y Agricultura argumentaron que la medida protege a los productores y mantiene la oferta nacional. Las asociaciones tomateras apoyaron la decisión, resaltando que el sector genera más de 3,100 millones de dólares anuales y emplea a más de 400,000 trabajadores.
Desde la Casa Blanca, defienden las tasas arancelarias impuestas como un paso para proteger la agricultura local estadounidense. Testimonios como el de Chad Smith en Alabama indican un aumento en las consultas de clientes, mientras Matt Rudd de Carolina del Norte prevé un aumento de tomates locales en el mercado.
El gobierno mexicano busca contener el efecto negativo en las exportaciones, mientras explora nuevos mercados apoyándose en tratados comerciales.
Fuente: expansion.mx
