Grecia lleva desde hace meses conmocionada por un gran escándalo de subvenciones ilegales valoradas en millones de euros, que salió a la luz el pasado mes de mayo. Los agricultores están organizando grandes protestas en todo el país, el gobierno ha visto gravemente dañada su imagen y las políticas de la PAC están siendo objeto de fuertes críticas.
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Agricultores bloqueando con tractores la salida del aeropuerto del primer ministro griego. ©902.gr
Implicados en el escándalo, que se ha prolongado durante varios años, con un importe total de subvenciones ilegales aún por determinar, hay falsos agricultores, oficinas privadas que presentaban declaraciones de subvenciones, importantes empresas de datos actuando como asesores técnicos del organismo estatal encargado de pagar las subvenciones (OPEKEPE), directivos del propio organismo y dos exministros de Desarrollo Rural y Alimentación del actual gobierno. El escándalo estalló el pasado mes de mayo tras la intervención de la Fiscal General Europea, Laura Kövesi.
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Imágenes de recientes concentraciones de agricultores, motivadas por el escándalo de las subvenciones ilegales. ©902.gr
Desde entonces, las investigaciones, en las que también participa el parlamento griego a través de una comisión especial de investigación, han revelado casos similares en los que hay involucrados distintos grupos que se han embolsado grandes cantidades de subvenciones de la UE sin tener derecho a ellas. Se han abierto expedientes penales a grupos de delincuencia organizada, e incluso se han denunciado amenazas a inspectores de la OPEKEPE que intentaban cumplir con su deber. Incluso la propia jefa del departamento de auditoría interna de la OPEKEPE, Paraskevi Tycheropoulou, ha tenido que lidiar con persecuciones administrativas por parte de su propio servicio como consecuencia de su papel en las revelaciones.
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Imágenes de las recientes manifestaciones de agricultores motivadas por el escándalo de las subvenciones ilegales. ©902.gr
El fundamento de las subvenciones ilegales radica en el reglamento de la PAC, que concede los pagos en función del tamaño de las tierras agrícolas y no de la producción real; un sistema criticado desde hace tiempo por los agricultores griegos. Combinado con varias disposiciones legislativas introducidas en Grecia a lo largo de los años por distintos gobiernos, basadas en el mismo reglamento y aprobadas por Bruselas, el resultado ha sido la concesión de subvenciones a personas sin actividad agraria, pero con grandes propiedades agrícolas, incluso en gran parte falsas. También se han concedido subvenciones ilegales para supuestas explotaciones de agricultura ecológica, aunque no hay ninguna prueba de la entrada en el mercado de productos ecológicos falsamente etiquetados.
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Imágenes de las últimas manifestaciones de agricultores motivadas por el escándalo de las subvenciones ilegales. ©902.gr
En el plano político, el escándalo, sobre el que dos ministros cuestionados han sido incapaces de dar explicaciones convincentes en sus testimonios ante la comisión de investigación parlamentaria, ha dañado aún más la imagen del gobierno griego ante la opinión pública. Se acusa al gobierno de explotar el mecanismo ilegal de subvenciones para asegurarse apoyo electoral. Las federaciones de agricultores también señalan a la propia PAC como responsable, ya que su normativa permitió que se produjeran estos escándalos, mientras que, según los datos presentados en el parlamento, más del 80% de los agricultores griegos reciben menos de 5.000 euros en subvenciones.
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Imágenes de las recientes concentraciones de agricultores, motivadas por el escándalo de las subvenciones ilegales. ©902.gr
Las subvenciones constituyen una parte esencial de los ingresos de los agricultores griegos. Por eso, la privación de millones de euros a beneficiarios legítimos como consecuencia de su redistribución ilegal, así como la acumulación de 1.100 millones de euros en subvenciones impagadas tras la suspensión de pagos del gobierno, incluidas cantidades adeudadas desde 2024, o la multa de 415 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Grecia por el escándalo, y la perspectiva de nuevos recortes de las subvenciones de la PAC a partir de 2027 han enfurecido a los agricultores y ganaderos griegos, que ya de por sí estaban pasándolo mal para llevar a cabo su trabajo (graves enfermedades animales y sacrificio masivo de animales infectados, falta de compensaciones por las pérdidas de cosechas provocadas por la climatología adversa, bajos precios en origen, etc.).
Desde que estalló el escándalo, sindicatos locales y regionales de agricultores y ganaderos han llevado a cabo grandes protestas por toda Grecia, tanto localizadas como a gran escala. De hecho, el verano pasado fue el primero en la historia del movimiento agrario griego en el que se produjeron movilizaciones a tan gran escala. Las movilizaciones más multitudinarias de los últimos días tuvieron lugar el martes 11 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación en Atenas, y en Alexandroupoli, donde agricultores bloquearon con tractores la ruta de salida del primer ministro desde el aeropuerto local.
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Imágenes de las últimas concentraciones de agricultores, motivadas por el escándalo de las subvenciones ilegales. ©902.gr
Se espera que el próximo invierno, durante el que suelen intensificarse las protestas agrícolas, traiga consigo una nueva oleada de acciones coordinadas a gran escala, esta vez a nivel nacional. En medio de este clima tan tenso, el órgano de coordinación de los sindicatos de agricultores tiene previsto reunirse en los próximos días.
Junto a sus reivindicaciones de siempre, como la reducción de los costes de producción y el establecimiento de precios mínimos garantizados para los productos, los sindicatos de agricultores piden que las subvenciones se vinculen a la producción real y al número real de cabezas de ganado. Exigen que no se utilice ni un solo euro de los presupuestos del estado o de los fondos de la PAC para pagar las multas, insistiendo en cambio en que los ministros, los funcionarios de la OPEKEPE y los particulares que hayan recibido subvenciones ilegales corran con los gastos. También exigen que se atribuyan responsabilidades políticas y penales a todos los implicados, que se devuelvan todos los fondos malversados a los agricultores y ganaderos legítimos y que se excluya a las empresas privadas de futuros procedimientos de declaración de subvenciones.
