La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado un proceso legal contra la secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica por supuestamente no exigir a 250 agricultores la reparación de daños medioambientales en el parque de Doñana. Estos daños derivan de extracciones irregulares de agua del acuífero local, según afirmó el ministerio público el viernes pasado.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) investigó a principios de esta década y halló que, en 2022 y 2023, 250 agricultores realizaron extracciones ilegales de agua. La mayoría se encontraba en Huelva (198), con otros en Sevilla (51) y Cádiz (1). Esta investigación se desarrolló tras la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España en 2021 por no proteger adecuadamente el entorno de Doñana.
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En mayo de 2023, siguiendo la sentencia europea, la Fiscalía inició diligencias preprocesales para investigar la responsabilidad medioambiental. Al concluir, instó a Transición Ecológica a exigir responsabilidades económicas a los agricultores. En octubre, sin embargo, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente rechazó dicha solicitud, alegando no ser el órgano competente ya que los daños no eran exclusivos del Dominio Público Hidráulico sino que involucraban ecosistemas interconectados, cuya protección gestiona la Junta de Andalucía.
El fiscal Manuel Campoy presentó una impugnación ante la Sala de lo Contencioso para que se obligue al ministerio a procesar la exigencia de responsabilidad medioambiental. Campoy pide que se establezca un plazo judicial para determinar la responsabilidad y para adoptar medidas preventivas y reparadoras, si corresponde. Su escrito propone informar a la Junta de Andalucía sobre este proceso, ya que fue señalada por la Secretaría de Estado como competente en la gestión y protección del espacio Doñana.
Fuente: elpais.com
