La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ha presentado en La Rioja el informe La agricultura de carbono en España: oportunidades, riesgos y propuestas desde la perspectiva profesional y social, en el que analiza el impacto del nuevo marco europeo sobre certificación de carbono en el sector agrario.
En el documento, la organización lanza una advertencia sobre el desarrollo del mercado de carbono agrícola en España: "España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos". El análisis se realiza en el contexto del Reglamento (UE) 2024/3012, en vigor desde diciembre de 2024, que establece por primera vez un sistema europeo de certificación voluntaria de absorción de carbono en la agricultura. Según el calendario previsto, Bruselas deberá aprobar las metodologías antes de 2027, mientras que España deberá adaptar el marco durante 2026.
Desde COAG advierten que el diseño normativo será clave para determinar quién accede a este mercado: "Si la normativa no vincula la certificación al agricultor activo, los fondos de inversión podrán acaparar las ayudas, elevar el precio de la tierra y expulsar al agricultor profesional del sistema antes de que las reglas definitivas estén escritas".
© COAG AndalucíaManuel Linares (izq), co-autor del informe y responsable de la oficina de COAG en Bruselas, junto a Roberto Ruiz-Clavijo (UAGR COAG La Rioja)
Datos del informe
El informe recoge varios indicadores sobre el potencial del sector agrario en la captura de carbono:
- 310 MtCO₂ de absorciones exigidas por la UE para 2030
- 2 millones de hectáreas en España bajo agricultura de conservación
- 0,5 tC/ha/año de captura adicional en cultivos con cubierta vegetal
- 4.000 empresas obligadas desde 2026 a medir su huella de carbono
Asimismo, el documento señala que muchas de las prácticas promovidas por la normativa europea ya están implantadas en el campo español, como el pastoreo extensivo, las cubiertas vegetales o las rotaciones de cultivos.
En este sentido, la organización subraya: "La función de sumidero del sector agrario es un bien público que debe ser remunerado con garantías públicas. El mercado privado puede ser un complemento, pero nunca el único mecanismo".
Riesgos del mercado de carbono
El informe identifica como principal riesgo la entrada de capital financiero en el mercado de carbono agrícola. Según COAG, esto podría derivar en una mayor concentración de la propiedad y en un incremento del precio de la tierra.
En palabras de Manuel Linares, coautor del informe: "Una familia con 20 hectáreas de olivar en Jaén o 10 hectáreas de viña en La Rioja no puede asumir los mismos costes de certificación que una sociedad de inversión con 5.000 hectáreas de cereal en Castilla".
La organización también alerta de que los costes asociados a la certificación podrían dejar fuera a explotaciones familiares si no se diseñan mecanismos adaptados a su dimensión.
Propuestas planteadas
Como respuesta, el informe incluye 19 medidas organizadas en seis ejes, entre ellas:
- Certificación grupal a través de cooperativas
- Compatibilidad entre eco-esquemas de la PAC y créditos de carbono
- Vinculación de la certificación al agricultor activo
- Creación de fondos de garantía frente a riesgos climáticos
- Coordinación institucional a nivel nacional
- Definición de líneas base que reconozcan prácticas ya existentes
Por último, COAG advierte que, a marzo de 2026, la Comisión Europea aún no ha definido las metodologías específicas de certificación, lo que está generando un vacío que, según la organización, ya están ocupando iniciativas privadas: "Ese vacío lo están ocupando ya plataformas privadas y fondos de inversión que imponen sus propias condiciones a los agricultores".
El informe completo se puede descargar aquí.
Fuente: www.coagandalucia.com
