El mercado de sustratos hortícolas en México, y en particular el de la fibra de coco, atraviesa una grave turbulencia. Lo que comenzó como una modificación en los criterios de clasificación arancelaria ha derivado en un problema estructural que afecta a importadores, distribuidores e incluso a productores en invernadero, con consecuencias económicas de enorme calado.
"Estamos viendo liquidaciones fiscales de decenas de millones de pesos derivadas de operaciones realizadas hace años", afirma Emmanuel Mena, máster en Derecho Fiscal, doctorando en el Colegio Nacional de Abogados y director jurídico de Stacomex, agencia aduanal mexicana. Mena explica cómo esta situación ha golpeado de lleno al sector hortícola.
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Un cambio de criterio con efectos retroactivos
Históricamente, la fibra de coco se importaba en México bajo la fracción arancelaria 1404, sujeta a un arancel general del 10% y a inspección fitosanitaria. Sin embargo, a partir de 2008 las autoridades comenzaron a reclasificarla bajo la fracción 5305, exenta de derechos de importación, cambio que fue incluso confirmado mediante consultas formales con los propios importadores.
"Durante más de diez años ese criterio se mantuvo vigente", señala Mena. "Pero en mayo de 2021 las autoridades volvieron a modificar su interpretación, determinando nuevamente que la fibra de coco corresponde al capítulo 14."
"El problema no es solo que los criterios hayan cambiado, sino que ese cambio se aplica retroactivamente a operaciones ya concluidas", subraya Mena. Esto implica no solo el pago retroactivo del arancel del 10%, "sino también la imposición de multas por incumplimiento de las normas de inspección sanitaria, que bajo la clasificación anterior simplemente no eran exigibles."
Multas, embargos y deudas millonarias
Las consecuencias económicas son devastadoras. Según el director jurídico de Stacomex, las sanciones por infracciones no arancelarias pueden alcanzar hasta el 70% del valor de las mercancías, e incluso un 100% adicional cuando las inspecciones retroactivas ya no son materialmente posibles.
"Tenemos expedientes de clientes con adeudos fiscales de hasta 50 millones de pesos, e incluso casos que superan los 3 o 4 millones de dólares", afirma. "El impacto se agrava porque muchas de estas revisiones corresponden a operaciones del período enero-mayo de 2021, dentro del plazo legal de fiscalización de cinco años. En esos casos, los importadores ya no cuentan con las mercancías para realizar las inspecciones requeridas, lo que dispara el monto de las multas."
Un problema que sacude a toda la cadena hortícola
Las repercusiones no se limitan a las empresas importadoras. Distribuidores de insumos agrícolas y productores que importan fibra de coco directamente también se ven afectados.
"Tanto los importadores como los productores que utilizan este sustrato en sus invernaderos están siendo duramente golpeados. Es una materia prima indispensable; sin ella, sencillamente no se puede operar", explica Mena.
A pesar de todo, las importaciones no se han detenido, dado el carácter imprescindible de este material en la horticultura intensiva bajo cubierta. El sector, no obstante, ha tenido que adaptarse con rapidez a la nueva realidad, asumiendo mayores costes y controles más estrictos.
Defensa jurídica y nuevas barreras regulatorias
Las empresas afectadas han optado por defenderse por vía administrativa o directamente ante el Tribunal Fiscal. Sin embargo, recientes modificaciones legislativas han reducido considerablemente ese margen de maniobra.
"Antes era posible impugnar sin necesidad de garantizar el crédito fiscal. Eso ya no es así, lo que hace muy difícil ejercer una defensa efectiva, especialmente para empresas con menor capacidad financiera", advierte Mena. "Además, aunque la autoridad contempla en algunos casos mecanismos como la condonación de multas, estos no cubren el valor total de las mercancías, que suele ser precisamente la mayor carga económica."
Inseguridad jurídica y necesidad de transparencia
Uno de los puntos más controvertidos es que el error de clasificación no recae exclusivamente sobre los operadores del mercado, sino también sobre la propia inconsistencia interpretativa de las autoridades a lo largo de los años. "Los importadores actuaron conforme a criterios previamente validados de manera oficial, y ahora son sancionados precisamente por haber seguido esas mismas directrices", enfatiza Mena.
Stacomex ha desarrollado una labor de divulgación dentro del sector mediante circulares informativas y talleres técnicos para orientar a las empresas afectadas. El tema también será abordado en próximos eventos sectoriales como GreenTech Americas, donde se espera que las implicaciones jurídicas y operativas de este conflicto reciban un tratamiento más amplio.
Un precedente para todo el sector
Más allá del caso concreto de la fibra de coco, este episodio pone de manifiesto la importancia crítica de la seguridad jurídica en el comercio internacional de productos hortícolas. La falta de coherencia en los criterios administrativos puede generar riesgos de gran envergadura para un sector que depende de cadenas de suministro globales y de un alto grado de especialización técnica.
"Es fundamental visibilizar estos problemas. No solo para el sector mexicano, sino también para los exportadores internacionales que operan o desean operar en México y que necesitan comprender a fondo el marco regulatorio vigente", concluye Mena.
Voor meer informatie:
Stacomex
T. +52 55 5574 9014
www.stacomex.com
