El mercado de los sustratos hortícolas, especialmente el de la fibra de coco utilizada en hidroponía, vive en México una situación compleja marcada por un conflicto burocrático que ha derivado en consecuencias económicas significativas para el sector. Lo que comenzó como un cambio de criterio en la clasificación arancelaria ha evolucionado en un problema estructural que hoy ya afectó a importadores, distribuidores e incluso productores bajo invernadero.
"Estamos viendo créditos fiscales de decenas de millones de pesos derivados de operaciones realizadas hace años", explica Emmanuel Mena, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Fiscal y Doctorante por la Barra Nacional de Abogados, y director jurídico de la agencia de aduanas mexicana Stacomex, quien detalla cómo esta situación ha impactado directamente en la agroindustria.
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Un cambio de criterio con efectos retroactivos
"Históricamente, la fibra de coco se importaba en México bajo la partida arancelaria 1404, que implicaba el pago de un 10% de impuesto general de importación y estaba sujeta a inspección sanitaria. Sin embargo, a partir de 2008, la autoridad comenzó a reclasificar este producto en la partida 5305, exenta de arancel, lo que fue validado incluso mediante consultas formales por parte de los propios importadores".
"Durante más de una década, este criterio se mantuvo estable", destaca Mena. "No obstante, en mayo de 2021, la autoridad volvió a modificar su interpretación, determinando nuevamente que la fibra de coco debía clasificarse en el capítulo 14".
"El problema no es solo el cambio de criterio, sino que se está aplicando de forma retroactiva sobre operaciones ya realizadas", señala Mena. Y es que este cambio implica no solo el pago del 10% de arancel, "sino también sanciones por incumplimientos regulatorios asociados a la falta de inspección sanitaria, que no era exigida bajo la clasificación anterior".
Multas, embargos y créditos millonarios
Las consecuencias económicas han sido "especialmente severas". Según explica el director jurídico de Stacomex, las sanciones pueden alcanzar el 70% del valor de la mercancía por incumplimiento de regulaciones no arancelarias, y hasta el 100% adicional cuando no es posible realizar inspecciones retroactivas.
"Tenemos casos de clientes con créditos fiscales de hasta 50 millones de pesos, e incluso superiores a 3 o 4 millones de dólares", afirma. "El impacto se agrava porque muchas de estas revisiones corresponden a operaciones realizadas entre enero y mayo de 2021, dentro del periodo legal de revisión de cinco años. En estos casos, los importadores ya no disponen de la mercancía para cumplir con las inspecciones exigidas, lo que incrementa significativamente las sanciones".
Un problema que afecta a toda la cadena hortícola
El alcance del conflicto no se limita a las empresas importadoras. También afecta a distribuidores de insumos y a productores que importan directamente fibra de coco para sus cultivos hidropónicos.
"Le está pegando tanto a los importadores como a los invernaderos que utilizan este sustrato. Es un insumo esencial, no se puede prescindir de él", explica Mena .
Pese a esta situación, el flujo de importaciones no se ha detenido, dado el carácter indispensable de este material en la producción intensiva bajo invernadero. Sin embargo, el sector ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones, asumiendo mayores costes y controles.
Defensa legal y nuevas barreras regulatorias
Las empresas afectadas han optado por iniciar procesos legales, ya sea mediante recursos administrativos o directamente ante el Tribunal Fiscal. No obstante, recientes cambios normativos han endurecido estas vías de defensa.
"Antes podías recurrir sin necesidad de garantizar el crédito fiscal. Hoy eso ya no es posible, lo que dificulta enormemente la defensa, especialmente para empresas con menor capacidad financiera", advierte Mena. "Además, aunque el gobierno ha planteado medidas como la condonación de multas en determinados casos, estas no cubren el valor total de la mercancía, que en muchos casos representa la mayor carga económica".
Falta de certidumbre y necesidad de visibilidad
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que el error en la clasificación no proviene exclusivamente de los operadores, sino de cambios en el criterio de la propia autoridad a lo largo del tiempo. "Los importadores actuaron conforme a criterios oficiales previamente validados, y hoy se enfrentan a sanciones por seguir esas mismas directrices", subraya Mena .
Desde Stacomex, se han impulsado acciones de concienciación dentro del sector, incluyendo circulares informativas y jornadas técnicas para orientar a las empresas afectadas. Asimismo, el tema será abordado en próximos encuentros sectoriales como GreenTech Americas, donde se espera profundizar en las implicaciones legales y operativas de este conflicto.
Un precedente para el sector
Más allá del caso específico de la fibra de coco, este episodio pone de manifiesto la importancia de la seguridad jurídica en el comercio internacional de insumos agrícolas. La falta de coherencia en los criterios administrativos puede generar riesgos significativos para un sector que depende de cadenas de suministro globales y de una alta especialización técnica.
"Es fundamental visibilizar estos problemas. No solo para el sector nacional, sino también para exportadores internacionales que quieran operar en México y necesitan entender el entorno regulatorio", concluye Mena.
Para más información:
Stacomex
T. +52 55 5574 9014
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