La reducción temporal del impuesto sobre la energía, aprobada por la coalición, supone, desde el punto de vista del sector hortícola, un paso en la dirección correcta, pero dista mucho de ser suficiente para aliviar eficazmente la carga de las empresas. Ante el enorme aumento de los costes derivado de las crisis internacionales —en particular, el conflicto en Irán—, el sector sigue sometido a una presión económica considerable.
Los precios de la energía, en particular, están impulsando los costes a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción y el almacenamiento hasta el transporte y la logística. Además, el impuesto nacional sobre el CO₂ supone una carga considerable para las empresas. Muchas explotaciones de mayor tamaño ya deben contar hoy en día con costes adicionales de más de 100 000 euros al año. Con la introducción prevista del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS 2) se avecina un nuevo y drástico aumento de los costes.
Es necesaria la suspensión del impuesto del CO₂
"En este contexto, está claro: una reducción temporal del impuesto sobre la energía no puede compensar las cargas estructurales. La horticultura necesita medidas de alivio específicas y sostenibles", subraya la presidenta de la ZVG, Eva Kähler-Theuerkauf. Esto incluye, en particular, la suspensión del impuesto sobre el CO₂ para la horticultura —tal y como se acordó en el acuerdo de coalición— con el fin de garantizar la competitividad de la producción nacional.
"La política debe afrontar las nuevas circunstancias y tomar decisiones claras en favor de la economía nacional, lo cual también incluye al sector hortícola".
Precisamente en tiempos de crisis globales se pone de manifiesto la fortaleza de la producción regional: las cadenas de suministro más cortas aumentan la seguridad del abastecimiento y reducen la dependencia de las perturbaciones del mercado internacional. Para mantener estas ventajas, ahora se requieren medidas políticas decididas.
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